martes, 16 de septiembre de 2014

La judicialización de la política. El ruido y las nueces


Viene al caso esta reflexión al conocerse recientemente la Memoria de la Fiscalía de Sevilla. En ella se contiene la siguiente afirmación “la tendencia a llevar a los tribunales la vida política sigue siendo tónica general” y en cuanto a los Ayuntamientos señala que este fenómeno “…determina la continua revisión de expedientes de contratación  de forma que la Fiscalía de Sevilla acaba revisando de forma generalizada una gestión municipal, pervirtiendo el papel que debemos llevar en estos procedimientos”.

Todo ello para concluir que en contadísimos casos, el 6%, tras el archivo de los casos se acude por las denunciantes a los tribunales lo que muestra evidentemente “la escasa convicción que guiaba la denuncia…y la suficiente rentabilización hecha por parte del denunciante del mero hecho de haber interpuesto denuncia en la Fiscalía”.

Así la memoria de la Fiscalía de Sevilla pone de relieve lo que viene siendo tónica habitual a nivel nacional, autonómico y local, que se fía la caída del contrario en su encausamiento penal más que  en una labor política de oposición  a la gestión acompañada de propuestas atractivas y realizables para la ciudadanía. Y es que el dato es para escandalizarse, en 94 de cada 100 casos no se llega a nada, solo el titular de un día.

Pero es que además este comportamiento tiene dos efectos perniciosos.

El primero de ellos es que se ha empleado el escaso tiempo de los fiscales en pérdidas de tiempo que ralentizan su labor e impiden el diligente funcionamiento de la justicia. Podríamos ponerles coto a estos denunciantes torticeros si les aplicáramos la ley de Tasas de la justicia y recuperar, al menos, el coste que para todos tiene el tiempo dedicado por los funcionarios de la Fiscalía y los juzgados. Así al menos la próxima vez se lo pensarían dos veces.

Y segundo y no menos importante, es que consolidan la distorsionada visión que el ciudadano tiene de la política ,”todos los políticos son iguales”,  donde el ruido de las demandas, su traslación a los medios de comunicación esconde la labor a favor del bien común y del interés público que desarrolla la mayoría de los gestores públicos en nuestros ayuntamientos y administraciones públicas.
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