martes, 8 de julio de 2014

Los jueces contra la ley. La Audiencia Nacional avala la violencia contra las personas y las instituciones. Para seguir así más valdría disolverla.


Lleva una racha la Audiencia nacional con decisiones y opiniones  de sus distintas secciones,  salas  y magistrados que parecen ir aconsejando echarle el cerrojo y tirar la llave.

Para quien lo desconozca  la Audiencia Nacional es una instancia judicial, sui generis y que no existe en buena parte de las judicaturas del mundo civilizado. Y no existe porque supone eliminar o sustituir al juez natural, el que por la materia y localidad donde se desarrollan los hechos debiera corresponderle al encauzado, lo que en principio va contra el principio de existencia de jurisdicciones especiales.

Hay que recordar que la Audiencia nacional nació  de la necesidad de contar con un tribunal independiente capaz de juzgar los crímenes del terrorismo sin verse afectado por la presión política y social del entorno de la organización ETA, algo que se entendió era imposible si estos juicios se llevaban a cabo en el País Vasco con la presión inmediata y directa del terrorismo etarra. Y hay que reconocer que para dicha función ha dado sobrados y meritorios servicios a España, incluso a costa de la vida e integridad física de algunos de sus miembros como la fiscal Carmen Tagle que cayeron víctimas de la banda asesina y mafiosa ETA.

No obstante y de un tiempo a esta parte miembros muy destacados de la Audiencia Nacional, magistrados y fiscales, perecen aquejados de un “mal de altura" que les lleva a postularse como interpretes únicos y verdaderos no de la ley, a la que todos estamos sometidos, sino de la justicia y de la ética o moral, “sobrevolando” por encima de Parlamento, Gobierno, Consejo del Poder Judicial o cualquier otro que se atreva a salirse del “camino” que solo ellos parecen conocer.

Y hay que recordar a estos señores que el estado de Derecho se basa en la separación de poderes, y dentro de este los jueces están para hacer cumplir las leyes que promulga el Parlamento, para hacer cumplir la ley, no para inventársela o interpretarla de forma contraria al ánimo del legislador para impedir lo que este quiso hacer posible. nadie les pide que esten de acuerdo con ello por que su opinión no es la que cuenta sino la del legislador que elegimos los españoles.

Están frescos los casos de resistencia “beligerante” a la ley de Justicia Universal, llegando a poner en libertad a Narcotraficantes cuando España es firmante del Tratado Internacional contra el narcotráfico y por tanto es derecho nacional, sin que nadie haya tomado medidas disciplinarias contra ellos.

Esta fresca la sentencia sobre el ERE de Coca Cola, donde el ponente llevaba a limites exorbitantes el deber de la empresa de informar, no conformándose, como se hizo, con la entrega de toda la documentación a los sindicatos.

Esta fresca la declaración del magistrado José Ricardo De Prada en la que señalaba, que a su parecer, como si a los ciudadanos que le pagamos el sueldo nos importara un pimiento su opinión,  las condenas a miembros de ETA  eran demasiado "altas y desproporcionadas".

Pues no contento con ello ahora la Audiencia Nacional exculpa a los 19 imputados por delitos contra las instituciones del Estado, atentado y asociación ilícita por rodear el Parlamento Autonómico catalán e impedir violentamente el acceso al hemiciclo a los miembros de esta asamblea bajo el peregrino argumento de que “todos ejercieron el derecho fundamental de manifestación, sin que pueda imputárseles acto alguno que pudiera significar un exceso o abuso”. “Cuando los cauces de expresión se encuentran controlados por medios de comunicación privados [...] resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación”.

Como muy bien señala hoy Hermann Tertsch en su columna de hoy en ABC http://www.abc.es/historico-opinion/index.asp?ff=20140708&idn=1612946947866 “si las instituciones entregan la calle a la violencia, nuestra democracia se suicida” y viendo como esta instancia judicial y otras  justifican este caso, o el de los acosos o escraches a los políticos parece que algunos en la Audiencia nacional y otros ámbitos de la judicatura andarán  empeñados en ello.
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