jueves, 22 de mayo de 2014

"En España no sobran empleados públicos", asegura el Gobierno. A lo mejor no, pero están mal repartidos

La afirmación gubernamental de que en “España no sobran funcionarios” corresponde a Jaime Pérez-Renovales, subsecretario de Estado de Presidencia del gobierno de España, es decir bajo la dirección de la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
 
Y como sugiero en el titulo, esto es posible pero también lo es que están mal repartidos y que no se toman  medidas de fondo que tiendan a corregir este problema.
 
En España había a Julio de  2013, último dato del Boletín Estadístico  del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, 2.547.720 trabajadores públicos entre funcionarios y laborales. De esta cifra, tres cuartas partes  tienen que ver con salud, educación, fuerzas armadas, seguridad y justicia, siendo el cuarto restante, unos 637.000, el aparato administrativo que le da soporte.
 
De los 2.547.720 empleados públicos el 22,3% corresponde al Estado, el 50,3% a las Comunidades Autónomas, el 21,5% a la Administración Local y el 5,9% a las Universidades.
 
Según el referido Boletín el número de empleados públicos había descendido en 29.026 en el periodo de Enero 2013 a Julio 2013, 3.428 en la Administración del Estado, 25.970 en las Comunidades Autónomas, 797 en la Administración Local y curiosamente, por los continuos lamentos que se escuchan de sus Rectores, sin embargo había aumentado en 1.169 en el caso de las Universidades.
 
Ante este dato cada vez son más los que señalan que el ajuste en el sector público “ha tocado suelo”, yo opino que no.
 
A este ajuste le hace falta una vuelta de tuerca más porque si no en poco tiempo volveremos a crecimientos desproporcionados y asimétricos del sector público cuando este ha sido uno de los motivos de desajuste de las  finanzas nacionales.
 
Y ese ajuste puede y debe venir por la movilidad funcional y territorial de los empleados públicos. Movilidad que no atenta contra sus derechos laborales y salariales.
 
Tal afirmación viene de la experiencia propia y la contemplación de cómo las normas-Régimen Básico del Empleado Público, RPTs- impiden la movilidad de funcionarios para puestos idénticos o similares dentro de la misma o distintas Administraciones lo que  nos llevan a contemplar departamentos sobre dotados de personal frente a otros infradotados del mismo  sin que ello tenga relación alguna con la carga de trabajo que soportan y lo que es peor impidiendo una correcta asignación de recursos personales, y consecuentemente materiales, a la prestación del servicio público.
 
Carece de todo sentido el que un Técnico de Administración General, un auxiliar administrativo, administrativo y otras muchas escalas o cuerpos de empleados públicos con competencias y funciones homogéneas no sean perfectamente trasvasables entre departamentos y Administraciones.
 
En una Unión Europea que con el Plan Bolonia quiere llegar a que las carreras Universitarias sean homogéneas en todo el territorio y las titulaciones reconocidas en el mismo sin necesidad de homologaciones posteriores ¿Cómo mantener que un técnico de Administración General que ha sacado su oposición no puede desempeñar con idéntica eficacia su labor en la Administración del Estado, Comunidad o Ayuntamiento?
 
A perdón, que me olvidaba de los reinos de Taifas y  “los cortijos”.
 
En la Administración Local ¿tan difícil es convocar oposiciones comunes de técnicos, administrativos, auxiliares para el conjunto de Ayuntamientos españoles?. Así se hace para los habilitados nacionales, Secretarios, Interventores y Tesoreros y funciona estupendamente.  Una vez aprobado estos técnicos podrían optar a cualquier plaza de España y no como ahora que eres funcionario de un Ayuntamiento y de ahí no te mueves en la vida.
 
Pero es que no hay razón alguna para que este planteamiento no se lleve al extremo y un técnico del Estado no pueda optar a un puesto de su categoría en una Comunidad o Ayuntamiento. Eso sí que haría realidad la “unidad de mercado” laboral dentro de la Administración, donde las remuneraciones fueran equivalentes para categorías y escalas con la única peculiaridad del complemento de destino que retribuye las diferencias debidas al distinto coste de la vida, peligrosidad, penalidad que pueda tener un puesto concreto sobre otro equivalente.
 
En estos tiempos de racionalización del gasto, ¿Cuántos organismos de selección y formación que están multiplicados en estado, Comunidades y Ayuntamientos no podríamos refundir?
 
Y si eso es así ¿qué sentido tiene seguir manteniendo oposiciones para médicos generalistas y especialistas en cada una de las Comunidades Autónomas?, que sentido tiene el que se impida la movilidad de los médicos y enfermeros entre las distintas comunidades por qué no se les reconoce el tiempo de trabajo o la categoría obtenida en un servicio de salud diferente.
 
Realmente puede que no sobren empleados públicos en España pero es evidente que queda mucho por hacer en cuanto a su racionalización y correcta distribución antes que aumentar su número, aunque claro es lo más fácil y agradecido.
 
Para quien quiera conocer un poco más la radiografía del empleado público y su distribución puede consultar

 
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